Uruguay Lawmakers Revoke Dirty War AmnestyUruguay elimina amnistía a militares de dictadura

By Raul O. Garces
Time (AP)

Montevideo — Uruguay’s Congress revoked amnesty for military officials charged with human rights abuses on Thursday, ending a deal between left and right that for a quarter-century has prevented prosecutions for crimes against humanity.

Uruguay’s lower house voted 50-40 to eliminate the amnesty, following a similar vote in the Senate. President Jose Mujica is expected to sign the law before Nov. 1, when, if Congress had not acted, a statute of limitations would have eliminated the possibility of new prosecutions for dictatorship-era crimes.

Dozens of suspected leftists were kidnapped and killed during the 1973-1985 dictatorship. Congress’ pre-dawn vote meets a demand by human rights groups that people who kidnapped, tortured and killed in the name of the state should be punished.

“Impunity has ended,”

cheered Luis Puig, a deputy with the ruling Broad Front coalition.

Uruguay’s Supreme Court now must decide whether lifting the amnesty is constitutional.

Opponents say the measure violates both the constitution and the will of the people, since the military amnesty was upheld in popular referenda in 1989 and 2009.

Some military leaders have vowed to push for prosecution of crimes committed by former guerrillas if their own colleagues are brought to court.

Mujica and most other leaders of the leftist Tupamaro guerrillas served long prison sentences for the political violence they fostered in the 1960s and early 1970s. But several dozen have allegedly remained free, benefiting from a separate amnesty for leftists who committed crimes more than a generation ago.

Sen. Jorge Larranaga of the conservative opposition National Party said

“with this law that Parliament approved, the Broad Front has torn several pages from the national constitution and put itself above the popular will.”

The vote came hours after a court in neighboring Argentina sentenced a former navy spy known as “the Angel of Death” and 11 other former Argentine military and police officers to life in prison for crimes against humanity committed during that country’s 1976-83 military dictatorship.

Alfredo Astiz, a 59-year-old ex-navy captain, became notorious for his infiltration and betrayal of activists and was viewed by many Argentines as the symbol of the junta’s crimes. He was accused of participating in the kidnapping, torture and murder of two French nuns, a journalist and three founders of a human rights group.

The crimes alleged against all the defendants included 86 cases of kidnapping, torture and murder of leftist dissidents committed at the Navy Mechanics School, one of the military junta’s principal torture centers used to crush the threat of armed revolution. About 5,000 detainees passed through the school. Fewer than half survived.

Closing out a trial that began in December 2009, four other defendants were sentenced to between 18 and 25 years in prison, while two others were absolved. Former Adm. Emilio Masserta, who commanded the torture center, was not included among the defendants because of poor health and died last November.

 

Source:  Time (AP)

 

 By Raul O. Garces
Time (AP)

MONTEVIDEO — Un cuarto de siglo después de su entrada en vigencia y tras ser respaldada en dos plebiscitos populares, el oficialismo uruguayo eliminó el jueves una ley de amnistía que evitó que los militares de la dictadura (1973-1985) fueran juzgados por violaciones a los derechos humanos.

“Terminó la impunidad”,

dijo Luis Puig, diputado del oficialista Frente Amplio, al celebrar la votación en la Cámara de Diputados en la que la mayoría oficialista se impuso con 50 votos contra 40 de la oposición. El proyecto ya había recibido media sanción en el Senado y debe ahora ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

“Hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento. Nosotros la acompañaremos y después estaremos en lo que decida la justicia”,

dijo el presidente José Mujica al ser consultado por la prensa respecto de la ley. En los hechos la nueva norma elimina la ley de amnistía de 1986, al declarar como delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos durante el régimen de facto y eliminar la prescripción de esos delitos que debía entrar en vigor el próximo 1 de noviembre, tras cumplirse el plazo que dispone el Código Penal.

Para el senador Jorge Larrañaga, del opositor Partido Nacional,

“con la ley que aprobó el parlamento, el Frente Amplio arrancó varias hojas de la constitución nacional y pasó por encima de la voluntad de la gente”

al desconocer los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la ciudadanía respaldó ampliamente la ley.

El constitucionalista y ex vicepresidente, Gonzalo Aguirre, dijo que la constitución establece como soberana la voluntad popular manifestada en un plebiscito y “no es susceptible de ser derogada por el Poder Legislativo… (el Parlamento) desconoce la voluntad del cuerpo electoral”.

“Siempre en el debate se dicen cosas un poco exageradas. La constitución está vigente en todos sus aspectos fundamentales”, sostuvo Mujica.

El Frente Amplio sostiene que la revocación de la prescripción cumple el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que reclamó al gobierno remover los obstáculos legales que impedían juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

En tanto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, declaró a la prensa que a los dos plebiscitos que ratificaron la ley de caducidad

“se le debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática”.

Agregó que

“los derechos humanos no están a disposición de las mayorías, sino que son derechos de las minorías y, por lo tanto, deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías”.

Van Rompaey aseguró que la SCJ estudiará la eventual inconstitucionalidad de la nueva norma

“en el caso de que se plantee alguna acción”.

El coronel retirado Guillermo Cedrez, presidente del Círculo Militar, anticipó días atrás que de eliminarse la amnistía los militares estaban dispuestos a denunciar ante la justicia a los ex tupamaros —movimiento armado al que perteneció Mujica— que no respondieron por sus crímenes porque o huyeron del país o no fueron enjuiciados.

Una vez promulgada la ley por el Poder Ejecutivo, lo que se espera ocurra de inmediato, podrían abrirse decenas de denuncias contra uniformados.

Pese a la vigencia de la ley de amnistía, durante el gobierno del socialista Tabaré Vázquez (2005-2010) quedaron bajo arresto una veintena de uniformados luego de que la justicia determinó que la norma sólo era aplicable a los delitos cometidos dentro de Uruguay.

En Uruguay hubo unos 30 desaparecidos y más de 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina durante la campaña coordinada de represión de las dictaduras del Cono Sur llamada “Plan Cóndor”.

 

Fuente:  El Nuevo Herald (AP)

 

 

 

 

 

 

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